Investigation Archives - KFF Health News https://kffhealthnews.org/news/tag/investigation/ Wed, 12 Feb 2025 14:42:32 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.2 https://kffhealthnews.org/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=32 Investigation Archives - KFF Health News https://kffhealthnews.org/news/tag/investigation/ 32 32 161476233 Un año después del tiroteo en el desfile del Super Bowl, los sobrevivientes suman confusión al trauma https://kffhealthnews.org/news/article/un-ano-despues-del-tiroteo-en-el-desfile-del-super-bowl-los-sobrevivientes-suman-confusion-al-trauma/ Tue, 11 Feb 2025 14:00:31 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1985392 Emily Tavis estaba en una primera cita en diciembre cuando levantó la vista y se dio cuenta que estaban pasando por la esquina del centro de Kansas City, Missouri, en donde una bala le atravesó la pierna durante el desfile del Super Bowl, el año pasado.

“Oh, c…”, dijo Tavis, desconcertando a su cita.

Tavis vive a 35 millas de distancia, en Leavenworth, Kansas, y todavía no había vuelto a Union Station, donde ocurrió el tiroteo masivo. Sintió ganas de llorar. O tal vez fue un ataque de pánico. Levantó un dedo para indicarle a su cita que necesitaba un momento. Fue entonces cuando él entendió lo que estaba pasando.

“Oh, ni siquiera me di cuenta”, dijo, y siguió conduciendo en silencio.

Tavis contuvo las lágrimas hasta que la estación desapareció de su vista.

“Ok…”, dijo en voz alta, mientras pensaba para sí misma, “bien. Ataque de pánico, primera cita”.

Un año después del tiroteo del 14 de febrero que mató a una persona e hirió al menos a 24, los sobrevivientes y sus familias todavía están conmocionados.

Las relaciones se han tensionado. Los padres están preocupados por sus hijos. El generoso apoyo financiero y los buenos deseos que recibieron en los primeros días ya se han agotado. Y tienen sentimientos encontrados sobre el equipo al que siguen vitoreando: mientras los Chiefs avanzaban hacia otro Super Bowl, muchos se preguntaban por qué su amado equipo parecía ni haber advertido lo que todos estaban pasando.

“No puedo creer que los Chiefs no hayan hecho nada por nosotros”, dijo Jacob Gooch Sr., quien recibió un disparo en el pie. El equipo, la fundación de la familia propietaria y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) donaron un total de $200.000 a un fondo para sobrevivientes, pero Gooch dijo que nadie de la organización se acercó a su familia, tres de los cuales recibieron disparos.

Lo que les está sucediendo a estas familias no es nada inusual. Muchos sobrevivientes se “paralizan” emocionalmente como un mecanismo de afrontamiento para evitar sentir por completo el trauma que sufrieron. Pero, con el tiempo, experimentan lo que los terapeutas llaman “descongelamiento”, y la intensidad de lo que sucedió puede volver a dominarlos de repente como le pasó a Tavis.

“El trauma nos lleva al pasado”, dijo Gary Behrman, terapeuta que publicó un modelo de intervención en crisis basado en su trabajo con testigos de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

Las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto pueden desencadenar flashbacks que apagan el cerebro como un disyuntor sobrecargado. Es una respuesta de supervivencia, el cerebro es un amigo, dijo Behrman.

La clave para la recuperación es ayudar a los sobrevivientes a encontrar formas saludables de manejar esos desencadenantes, cuando estén listos.

Los sobrevivientes se “descongelan” a su propio ritmo. Recuperar el control después de un evento potencialmente mortal es un proceso que puede llevar semanas, meses o años.

Puede ser fácil sentirse olvidado cuando la vida continúa alrededor. Mientras los fanáticos se juntaban en torno a los Chiefs esta temporada, a los sobrevivientes les resultó difícil ver los juegos. Los Chiefs perdieron ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl del domingo 9 de febrero. Philadelphia celebra su propio desfile el viernes 14, exactamente un año después del tiroteo.

“Es una lástima porque todos los demás siguieron adelante”, dijo Jason Barton.

Barton le practicó resucitación a un hombre que ahora cree que era uno de los presuntos tiradores, su esposa encontró un proyectil de bala en su mochila y su hijastra se quemó con las chispas de una bala que rebotó.

“Si hubiéramos estado al otro lado de ese lugar”, dijo. “No nos habría afectado”.

Viaje de regreso a Union Station

Tavis no es la única sobreviviente que se encontró sin querer en Union Station un año después del tiroteo.

Los niños hicieron excursiones a Science City, ubicado dentro de la estación. Las visitas médicas de seguimiento se realizaban a menudo en vecino Hospital Hill. Una cena de octubre organizada para sobrevivientes por un grupo religioso local estaba a menos de una milla de distancia: una joven sobreviviente rechazó la invitación.

Tavis había planeado regresar a Union Station como parte de su proceso de curación. Pensó que iría cuando se cumpliera un año para tener un momento a solas y sentir las emociones que la invadieran.

Tal vez Dios le estaba mostrando que estaba lista al colocarla allí inesperadamente, le dijo su terapeuta. Tal vez. Pero ella no se sentía lista en ese momento. Quiso ver a un terapeuta justo después del tiroteo. Pero no buscó uno hasta julio, después que la United Way local distribuyera la asistencia financiera a los sobrevivientes y aliviara la tensión económica de meses de trabajo perdido y facturas médicas.

Tavis y su pareja en ese momento habían sacado una tarjeta de crédito adicional para cubrir los gastos mientras esperaban la ayuda prometida.

Después de dos meses de visitas, su terapeuta comenzó a preparar a Tavis para la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, una técnica para ayudar a los sobrevivientes de traumas. Ahora, sesión por medio, revisa una hoja de recuerdos del desfile, visualizándolos y reprocesándolos uno por uno.

Está nerviosa porque se acerca el año de aniversario. Es el día de San Valentín y le preocupa que sea deprimente.

Decidió invitar a Gooch, su ex pareja, a que la acompañara a Union Station ese día. Con todo lo que han pasado, él entiende. Estaban en el desfile junto con su hijo y los dos hijos mayores de Jacob. Gooch Sr. y su hijo mayor, Jacob Gooch Jr., recibieron disparos.

El trauma cambia quiénes somos

Gooch Sr. no ha trabajado desde el desfile. Su trabajo requería estar de pie durante turnos de 10 horas cuatro días a la semana, pero no pudo caminar durante meses después de que una bala le destrozara un hueso del pie y se le volviera a fusionar lentamente.

Esperaba volver a trabajar en julio, pero su pie no sanó correctamente y tuvo que operarse en agosto, a lo que siguieron semanas de recuperación.

La cobertura por discapacidad se agotó, al igual que su seguro médico a través del trabajo. Su empleador mantuvo su trabajo durante un tiempo antes de despedirlo en agosto. Ha buscado otros empleos en Leavenworth y sus alrededores: producción, agencias de personal, reparación de automóviles. No ha conseguido nada.

“Todos hemos pasado por problemas, no solo yo”, dijo Gooch Sr. “Me dispararon en el pie y no he trabajado durante un año. Hay gente que ha pasado por cosas mucho peores durante el último año”.

Ahora se siente bien al caminar y puede correr distancias cortas sin dolor. Pero no sabe si alguna vez volverá a jugar al fútbol americano, un pilar de su vida desde que tiene memoria. Jugó como safety para los Kansas City Reapers, un equipo semi profesional, y, antes del desfile, el jugador de 38 años estaba considerando que la de 2024 fuera su última temporada como jugador.

“Me han robado mucho más que el fútbol americano en este último año. Como si me hubieran robado toda mi vida”, dijo Gooch Sr. “Realmente odio esa parte”.

Y esas emociones son dolorosamente reales. El trauma amenaza nuestras creencias sobre nosotros mismos, dijo el terapeuta Behrman. Cada persona carga su propia historia a un evento traumático, una identidad diferente que corre el riesgo de ser destrozada. El trabajo de sanación que viene después a menudo implica dar vuelta la página, y construir algo nuevo.

Recientemente, Gooch Sr. comenzó a ir a una nueva iglesia, dirigida por el esposo de alguien con quien cantó en un coro cuando era niño. En un servicio dominical de este mes, el pastor habló sobre encontrar un camino cuando uno está perdido.

“Estoy buscando el camino. Estoy en el campo ahora mismo”, dijo Gooch Sr. en su casa más tarde esa noche.

“Obviamente estoy en un camino, pero no sé hacia dónde voy”.

“Hice lo mejor que pude”

Todos los días antes de que Jason Barton se vaya a trabajar, le pregunta a su esposa, Bridget, si debería quedarse en casa con ella.

Ella ha dicho que sí lo suficiente como para que se le acabara el tiempo libre remunerado. Jason, que ha sobrevivido al cáncer y a un ataque cardíaco, tuvo que tomarse una licencia sin goce de sueldo en enero cuando un caso grave de gripe lo llevó al hospital. Eso es amor verdadero, dijo Bridget con lágrimas en los ojos, sentada con Jason y su hija de 14 años, Gabriella, en su casa en Osawatomie, Kansas.

Bridget se ha conectado con la madre de otra niña herida en el tiroteo. Han intercambiado mensajes de texto y de voz durante todo el año. Bridget dijo que es bueno tener a alguien con quien hablar que entienda. Tienen la esperanza de reunir a las niñas para que también construyan una conexión.

Con excepción de ir a terapia una vez por semana, Bridget ya no sale mucho de casa. Puede sentirse como una prisión, dijo, pero tiene demasiado miedo de salir. “Es mi propio infierno interno”, dijo. No deja de pensar en esa bala que se alojó en su mochila. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado parada de otra manera? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran ido 10 segundos antes? ¿Las cosas serían diferentes?

Una nota adhesiva en su cocina le recuerda: “Estoy a salvo. Gabriella está a salvo. Hice lo mejor que pude”.

Siente mucha culpa. Por Jason quedándose en casa. Por no salir de casa, ni siquiera para ver a sus nietos. Por querer que la familia fuera al desfile en primer lugar. Al mismo tiempo, sabe que de alguna manera prosperó en el caos después del tiroteo, haciéndose cargo de su hija, hablando con la policía. Todo es confuso.

La familia ha sobrellevado el trauma de manera diferente.

En los seis meses posteriores al desfile, Jason vio reality shows que lo mantenían distraído: 23 temporadas de “Deadliest Catch” y 21 temporadas de “Gold Rush”, incluidos los spin-offs, según calculó.

Últimamente ha mantenido su mente ocupada con un nuevo pasatiempo: construir modelos de autos y aviones. Acaba de terminar un Shelby Mustang negro de 1968, y lo próximo es un avión F4U-4 Corsair que Bridget le regaló.

Gabriella pudo regresar a Union Station para una excursión escolar a Science City, pero se sobresaltó cuando vio a un grupo de policías dentro de la estación. Su madre veía en dónde estaba por el celular, y le envió mensajes de texto durante todo el día.

Después del desfile, Gabriella comenzó a practicar boxeo, luego se pasó a la lucha libre. Le había ido bien, incluso se sentía empoderada. Pero dejó de ir, y Bridget cree que se debe en parte a la emoción del aniversario: el primero siempre es el más difícil, dijo su terapeuta. Gabriella insistió en que la lucha libre la estaba agotando.

Como no les dispararon, la familia no se benefició de los recursos disponibles para otros sobrevivientes. Entienden que otras familias se están recuperando de heridas de bala o incluso están de luto por una muerte.

Aun así, sería bueno que se reconociera de alguna manera su trauma emocional. Sus nombres han estado en las noticias. Uno pensaría que los Chiefs al menos habrían enviado una carta.

Jason dijo: “Lamentamos que esto te haya pasado”.

Jason le propuso matrimonio a Bridget en un partido de los Chiefs. Ahora, ver los partidos por televisión desencadena recuerdos.

“Quiero volver a ser parte del Reino de los Chiefs”, dijo Bridget, “pero no puedo. Y ese es un sentimiento enorme y muy solitario”.

“Hay una palabra llamada ‘resiliencia’”

Una noche del pasado octubre, los sobrevivientes se reunieron con sus familias en un restaurante mexicano en el centro de Kansas City.

Algunos vinieron vestidos con sus mejores galas, otros con camisetas rojas de fútbol americano. De todas las edades, desde niños pequeños hasta personas de 70 y tantos años, algunos de Missouri, algunos de Kansas. Algunos hablaban solo español, algunos solo inglés. La mayoría de las dos docenas de personas nunca se habían visto antes. Pero mientras hablaban, descubrieron que el tiroteo que los une también les dio un lenguaje común.

Dos niños pequeños se dieron cuenta de que habían lanzado una pelota de fútbol durante el jubileo antes de que estallara la violencia. Una mujer de unos 70 años llamada Sarai Holguín recordó haberlos visto jugar en ese cálido día de febrero. Después de una bendición y una cena, Holguín, que recibió un disparo en la rodilla y ha sido sometida a cuatro cirugías, se puso de pie para dirigirse a la sala.

“Fui la primera víctima que llevaron a la carpa médica”, dijo en español, sus palabras traducidas por un familiar de otro sobreviviente. Ella vio todo, explicó, mientras, uno por uno, más sobrevivientes eran trasladados a la carpa para recibir tratamiento, incluida Lisa López-Galván, una madre de 43 años que fue asesinada ese día.

Sin embargo, en esa tragedia, Holguín vio la belleza de la gente que se ayuda entre sí.

“Esto nos mostró que la humanidad todavía está viva, que el amor todavía está vivo. Hay una palabra que se llama ‘resiliencia’”, dijo Holguín. Mientras el traductor se esforzaba por entender la última palabra, la gente del público la captó y la gritó: “Resiliencia”.

“Esta palabra nos ayuda a superar los problemas que enfrentamos”, dijo Holguín. “Para tratar de dejar atrás el momento trágico que todos vivimos y seguir adelante, debemos recordar los momentos hermosos”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1985392
A Year After Super Bowl Parade Shooting, Trauma Freeze Gives Way to Turmoil for Survivors https://kffhealthnews.org/news/article/the-injured-kansas-city-chiefs-parade-shooting-survivors-one-year-anniversary-trauma/ Tue, 11 Feb 2025 10:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1984428 KFF Health News and KCUR followed the stories of people injured during the Feb. 14, 2024, mass shooting at the Kansas City Chiefs Super Bowl celebration. As the one-year mark since the parade shooting nears, the last installment in our series “The Injured” looks at how some survivors talk about resilience, while others are desperately trying to hang on.

Emily Tavis was on a first date in December when she looked up and realized they were driving past the downtown Kansas City, Missouri, intersection where a bullet ripped through her leg at last year’s Super Bowl victory parade.

“Oh f—,” Tavis said, bewildering her date.

She lives 35 miles away in Leavenworth, Kansas, and hadn’t yet returned to Union Station, where the mass shooting happened. She felt like crying. Or maybe it was a panic attack. She held up a finger signaling to her date that she needed a moment. That’s when it hit him, too.

“Oh crap, I didn’t even realize,” he said, and kept driving in silence.

Tavis sucked in her tears until the station was out of view.

“So anyway,” she said aloud, while thinking to herself, “way to go. Panic attack, first date.”

A year after the Feb. 14 shooting that killed one and injured at least 24 people, the survivors and their families are still reeling. Relationships have strained. Parents are anxious about their children. The generous financial support and well wishes that poured through in early days have now dried up. And they’re ambivalent about the team they all root for; as the Chiefs moved on to another Super Bowl, many wondered why their beloved team hasn’t acknowledged what they have all been going through.

“I can’t believe the Chiefs didn’t do anything for us,” said Jacob Gooch Sr., who was shot in the foot. The team, the owner family’s foundation, and the National Football League gave a combined $200,000 to a fund for survivors, but Gooch said no one from the organization reached out to his family, three members of whom were shot.

What’s happening to these families is far from unusual. Many survivors emotionally freeze as a coping mechanism to avoid fully feeling the trauma they suffered. But with time, survivors experience what therapists call “thawing,” and the intensity of what happened can suddenly overpower them like it did Tavis.

“Trauma pulls us into the past,” said Gary Behrman, a therapist who published a model of crisis intervention based on his work with witnesses of the 9/11 attacks in New York.

Sights, smells, sounds, tastes, and touches can all trigger flashbacks that shut down the brain like an overloaded circuit breaker. It’s a survival response, Behrman said; the brain is a friend.

The key to recovery is to help survivors find healthy ways to manage those triggers — when they are ready.

Survivors thaw at their own pace. Regaining control after a life-threatening event is a process that can take weeks, months, or years.

It can be hard not to feel forgotten when life carries on around them. As fans rallied around the Chiefs this season, survivors found it hard to watch the games. The Chiefs lost to the Philadelphia Eagles in Sunday’s Super Bowl. Philadelphia will hold its own parade on Friday, exactly one year after the shooting.

“It sucks because everybody else went on,” Jason Barton said. He performed CPR on a man he now thinks was one of the alleged shooters, his wife found a bullet slug in her backpack, and his stepdaughter was burned by sparks from a ricocheted bullet.

“If we were on the other side of that place, we would too,” he said. “It wouldn’t have affected us.”

A Trip Back to Union Station

Tavis isn’t the only survivor to have found herself unintentionally back at Union Station in the year since the shooting. Kids had field trips to Science City, located inside the station. Follow-up doctor visits were often on nearby Hospital Hill. An October dinner organized for survivors by a local faith-based group was less than a mile away, prompting one young survivor to decline the invitation.

Tavis had planned to return to Union Station as part of her healing process. She thought she would go on the one-year mark to have a moment alone to feel whatever emotions swept over her there.

Maybe God was showing her she was ready by placing her back there unexpectedly, her therapist told her. Maybe. But she didn’t feel ready in that moment.

Tavis wanted to see a therapist right after the shooting. But she didn’t seek one out until July, after the local United Way distributed financial assistance to survivors and relieved the months-long financial strain of lost work and medical bills incurred by many. Tavis and her partner at the time had taken out an extra credit card to cover expenses while they waited for the promised help.

After two months of visits, her therapist started prepping Tavis for eye movement desensitization and reprocessing, a technique to help trauma survivors. She now spends every other session making her way through a spreadsheet of memories from the parade, visualizing and reprocessing them one by one.

She’s nervous as the one-year mark approaches. It’s on Valentine’s Day, and she worries it’ll be depressing.

She decided to invite Gooch, her former partner, to come to Union Station with her that day. Despite everything, he’s the one who understands. They were at the parade together with their son and Jacob’s two older kids. Both Gooch Sr. and his older son, Jacob Gooch Jr., were also shot.

Trauma Changes Who We Are

Gooch Sr. hasn’t worked since the parade. His job required standing for 10-hour shifts four days a week, but he couldn’t walk for months after a bullet shattered a bone in his foot and it slowly fused back together. He hoped to go back to work in July. But his foot didn’t heal correctly and he had surgery in August, followed by weeks of recovery.

His short-term disability ran out, as did his health insurance through work. His employer held his job for a while before releasing him in August. He’s applied for other jobs in and around Leavenworth: production, staffing agencies, auto repair. Nothing’s come through.

“We’ve all gone through problems, not just me,” Gooch Sr. said. “I got shot in my foot and haven’t worked for a year. There are people that have been through much worse stuff over the past year.”

He feels good walking now and can run short distances without pain. But he doesn’t know if he’ll ever play football again, a mainstay of his life since he can remember. He played safety for the semiprofessional Kansas City Reapers and, before the parade, the 38-year-old was considering making the 2024 season his last as a player.

“A lot more than football has been stolen from me in this last year. Like my whole life has been stolen from me,” Gooch Sr. said. “I really hate that part of it.”

And those emotions are painfully real. Trauma threatens our beliefs about ourselves, said Behrman, the therapist. Every person brings their own history to a traumatic event, a different identity that risks being shattered. The healing work that comes later often involves letting go and building something new.

Recently Gooch Sr. started going to a new church, led by the husband of someone he sang with in a children’s choir growing up. At a Sunday service this month, the pastor spoke about finding a path when you’re lost.

“I’m looking for the path. I’m in the grass right now,” Gooch Sr. said at his home later that evening.

“I’m obviously on a path, but I don’t know where I’m headed.”

‘I Did the Best I Could’

Every day before Jason Barton goes to work, he asks his wife, Bridget, if he should stay home with her.

She’s said yes enough that he’s out of paid time off. Jason, who’s survived cancer and a heart attack, had to take unpaid leave in January when a bad case of the flu put him in the hospital. That’s real love, Bridget said with tearful eyes, sitting with Jason and her 14-year-old daughter, Gabriella, in their home in Osawatomie, Kansas.

Bridget has connected with the mother of another girl injured in the shooting. They’ve exchanged texts and voicemails throughout the year. It’s nice to have someone to talk to who gets it, Bridget said. They’re hoping to get the girls together to build a connection as well.

Except for a trip to therapy once a week, Bridget doesn’t leave the house much anymore. It can feel like a prison, she said, but she’s too scared to leave. “It’s my own internal hell,” she said. She keeps thinking about that bullet slug that lodged in her backpack. What if she’d been standing differently? What if they’d left 10 seconds earlier? Would things be different?

A Post-it note in her kitchen reminds her: “I’m safe. Gabriella is safe. I did the best I could.”

She carries a lot of guilt. About Jason staying home. About not leaving the house, even to see her grandkids. About wanting the family to go to the parade in the first place. At the same time, she knows she kind of thrived in the chaos after the shooting, taking charge of her daughter, talking to the police. It’s confusing.

The family has carried the trauma differently. In the six months after the parade, Jason watched reality TV shows that kept him out of his head — 23 seasons of “Deadliest Catch” and 21 seasons of “Gold Rush,” including spinoffs, he estimated. Lately he’s kept his mind occupied with a new hobby: building model cars and planes. He just finished a black 1968 Shelby Mustang, and next is an F4U-4 Corsair plane that Bridget got him.

Gabriella was unfazed about returning to Union Station for a class field trip to Science City, but she was startled when she saw a group of police officers inside the station. Her mom watched her location on her phone and texted her all day.

Gabriella took up boxing after the parade, then switched to wrestling. It had been going well, even felt empowering. But she’s stopped going, and Bridget thinks it’s partly due to the emotion of the anniversary — the first is always the hardest, her therapist said. Gabriella insisted that wrestling was just exhausting her.

Because they weren’t shot, the family didn’t benefit from resources available to other survivors. They understand that other families are recovering from bullet wounds or even mourning a death.

Still, it would be nice to have some acknowledgment of their emotional trauma. Their names have been in the news. You’d think the Chiefs would have at least sent a letter saying, “We’re sorry this happened to you,” Jason said.

Jason proposed to Bridget at a Chiefs game. Now watching games on TV triggers flashbacks.

“I want to be a part of Chiefs Kingdom again,” Bridget said, “but I just can’t. And that is a huge, really lonely feeling.”

‘There Is a Word Called “Resilience”’

One evening last October, survivors gathered with their families at a Mexican restaurant in downtown Kansas City.

Some came dressed in their Sunday best, some in red football jerseys. All ages, toddlers to 70-somethings, some from Missouri, some from Kansas. Some spoke only Spanish, some only English. Most of the two dozen people had never met before. But as they talked, they discovered the shooting that binds them also gave them a common language.

Two young boys realized they’d tossed a football during the jubilation before the violence erupted. A woman in her early 70s named Sarai Holguin remembered watching them play on that warm February day. After a blessing and dinner, Holguin, who was shot in the knee and has had four surgeries, stood to address the room.

“I was the first victim taken to the medical tent,” she said in Spanish, her words translated by a relative of another survivor. She saw everything, she explained, as, one by one, more survivors were brought to the tent for treatment, including Lisa Lopez-Galvan, a 43-year-old mother who was killed that day.

Yet in that tragedy, Holguin saw the beauty of people helping one another.

“This showed us that humanity is still alive, that love is still alive. There is a word called ‘resilience,’” Holguin said, the translator stumbling to understand the last word, as people in the audience caught it and shouted it out. “Resilience.”

“This word helps us overcome the problems we face,” Holguin said. “To try to put the tragic moment we all lived behind us and move on, we must remember the beautiful moments.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1984428
In Year 7, ‘Bill of the Month’ Gives Patients a Voice https://kffhealthnews.org/news/article/bill-of-the-month-year-7-patients-fight-back-surprise-medical-bills/ Mon, 30 Dec 2024 13:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1954162 In 2024, our nationwide team of gumshoes set out to answer your most pressing questions about medical bills, such as: Can free preventive care really come with add-on bills for items like surgical trays? Or, why does it cost so much to treat a rattlesnake bite? Or, if it’s called an urgent care emergency center, which is it?

Affording medical care continues to be among the top health concerns facing Americans today. In the seventh year of KFF Health News’ “Bill of the Month” series, readers shared their most perplexing, vexing, and downright expensive medical bills and asked us to help figure out what happened. Our reporters analyzed $800,000 in charges, including more than $370,000 owed by 12 patients and their families.

This year, we met several patients who fought back.

Caitlyn Mai of Oklahoma City was preapproved for a hearing implant, yet for months she was still hounded by notices saying she owed $139,000.

To resolve the problem, Mai estimated she spent at least 12 hours on the phone doing tasks that typically fall to someone working in a hospital billing department. “I said, ‘I’ve done your job for you — now can you please take it from here?’”

Jamie Holmes of Lynden, Washington, refused to buckle when a surgery center tried to make her pay for two operations after she underwent only one — even after a collection agency sued her.

She showed up at two court hearings and explained her side. “I just got stonewalled so badly. They treated me like an idiot,” she told “Bill of the Month.” “If they’re going to be petty to me, I’m willing to be petty right back.”

As always, we reached out to medical billing experts for their takeaways and learned that these patients had the right idea.

“You know what? It pays to be stubborn in situations like this,” said Berneta Haynes, a senior attorney for the National Consumer Law Center who reviewed Holmes’ bill for KFF Health News.

From our curious, tireless “Bill of the Month” team, happy holidays — and, when in doubt, don’t pay the bill.

The Colonoscopies Were Free. But the ‘Surgical Trays’ Came With $600 Price Tags.

By Samantha Liss, 

January 25, 2024

Health providers may bill however they choose — including in ways that could leave patients with unexpected bills for “free” care. Routine preventive care saddled an Illinois couple with his-and-her bills for “surgical trays.”

Without Medicare Part B’s Shield, Patient’s Family Owes $81,000 for a Single Air-Ambulance Flight

By Tony Leys, 

February 27, 2024

Sky-high bills from air-ambulance providers have sparked complaints and federal action in recent years. But a rural Tennessee resident fell through the cracks of billing protections — and a single helicopter ride could cost much of her estate's value.

A Mom’s $97,000 Question: How Was Her Baby’s Air-Ambulance Ride Not Medically Necessary?

By Molly Castle Work, 

March 25, 2024

There are legal safeguards to protect patients from big bills like out-of-network air-ambulance rides. But insurers may not pay if they decide the ride wasn’t medically necessary.

Sign Here? Financial Agreements May Leave Doctors in the Driver’s Seat

By Katheryn Houghton, 

April 30, 2024

Agreeing to an out-of-network doctor’s own financial policy — which generally protects their ability to get paid and may be littered with confusing insurance and legal jargon — can create a binding contract that leaves a patient owing.

He Fell Ill on a Cruise. Before He Boarded the Rescue Boat, They Handed Him the Bill.

By Bram Sable-Smith, 

May 22, 2024

A man from Michigan was evacuated from a cruise ship after having seizures. First, he drained his bank account to pay his medical bills.

It’s Called an Urgent Care Emergency Center — But Which Is It?

By Renuka Rayasam, 

June 24, 2024

Suffering stomach pain, a Dallas man visited his local urgent care clinic — or so he thought, until he got a bill 10 times what he’d expected.

Her Hearing Implant Was Preapproved. Nonetheless, She Got $139,000 Bills for Months.

By Elisabeth Rosenthal, 

July 17, 2024

Even when patients double-check that their care is covered by insurance, health providers often send them bills as they haggle with insurers over reimbursement, which can last for months. It’s stressful and annoying — but legal.

Patient Underwent One Surgery but Was Billed for Two. Even After Being Sued, She Refused To Pay.

By Tony Leys, 

August 21, 2024

A collection agency sought court authority to garnish a patient’s wages to pay a disputed surgery bill. But after the patient showed up in court to argue the bill was bogus, the judge declined to let the bill collector seize her money.

In Chronic Pain, This Teenager ‘Could Barely Do Anything.’ Insurer Wouldn’t Cover Surgery.

By Lauren Sausser, 

September 25, 2024

An Alabama teen was told he needed surgery for debilitating hip pain. But his family’s insurer denied coverage for the procedure, which lacked a medical billing code. Expected to pay more than $7,000, his father charged it to credit cards.

Toddler’s Backyard Snakebite Bills Totaled More Than a Quarter Million Dollars

By Jackie Fortiér, 

October 30, 2024

For snakebite victims, antivenom is critical — and costly. It took more than $200,000 worth of antivenom to save one toddler’s life after he was bitten by a rattlesnake.

A Toddler Got a Nasal Swab Test but Left Before Seeing a Doctor. The Bill Was $445.

By Bram Sable-Smith, 

November 27, 2024

A mom in Peoria, Illinois, took her 3-year-old to the ER one evening last December. While they were waiting to be seen, the toddler seemed better, so they left without seeing a doctor. Then the bill came.

He Went in for a Colonoscopy. The Hospital Charged $19,000 for Two.

By Harris Meyer, 

December 19, 2024

A man in Chicago with a troubling symptom underwent a common procedure. Then he wanted to know why the hospital charged nearly three times its own cost estimate.

Bill of the Month is a crowdsourced investigation by KFF Health News and The Washington Post’s Well+Being that dissects and explains medical bills. Since 2018, this series has helped many patients and readers get their medical bills reduced, and it has been cited in statehouses, at the U.S. Capitol, and at the White House. Do you have a confusing or outrageous medical bill you want to share? Tell us about it!

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1954162
Incineradores de basura dañan de manera desproporcionada a hispanos https://kffhealthnews.org/news/article/incineradores-de-basura-danan-de-manera-desproporcionada-a-hispanos/ Fri, 27 Dec 2024 20:06:01 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1966431 MIAMI, Florida. — Cuando los líderes del condado más poblado de Florida se reunieron en septiembre para elegir un lugar para lo que podría convertirse en el incinerador de basura más grande del país, había tantas personas protestando en el edificio de gobierno que tuvieron que habilitar asientos adicionales.

“¡MIRAMAR DICE NO AL INCINERADOR! NO EN NUESTRO PATIO”, se leía en las  camisetas verdes que tenían puestas algunos asistentes, con la intención de frenar la construcción de una nueva instalación de desechos industriales cerca de sus casas. Se trata de una planta capaz de quemar hasta 4.000 toneladas de basura al día.

Los residentes temían que el lugar no solo afectara los valores de sus propiedades y amenazara el medio ambiente, sino que también impactara potencialmente en la salud de las personas.

Además, la forma de seleccionar los potenciales terrenos para esta súper planta preocupaba a grupos defensores de los derechos civiles y el medio ambiente.

Los cuatro sitios considerados ese día estaban en, o cerca de, algunas de las comunidades más diversas de la región, al mismo tiempo que el estado está argumentando en un tribunal federal que la raza no debería ser un factor a tener en cuenta al otorgar permisos para industrias que contaminan el medio ambiente.

“Históricamente, las comunidades de color han sufrido los impactos de plantas tóxicas cerca de nuestras ciudades, afectando nuestra salud y bienestar”, dijo a los comisionados del condado Elisha Moultrie, residente de Miramar por 30 años y líder del comité de la NAACP de Miami-Dade.

“Es una injusticia ambiental y una injusticia racial,” agregó.

Los líderes de Miami-Dade ven un desafío diferente: la necesidad de manejar la basura de manera eficaz. El condado produce casi el doble del promedio nacional de residuos por persona en parte debido al turismo, una de las principales industrias de la región.

Sin embargo, a lo largo de 2024, los funcionarios electos de Miami-Dade retrasaron una decisión sobre dónde construir el incinerador planeado de $1.5 mil millones, mientras la alcaldesa del condado y los comisionados lidiaban con cuestiones políticas.

Los líderes del condado tienen programado votar sobre un nuevo sitio en febrero.

“No hay un lugar perfecto”, dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, en un memorando enviado hace poco a los representantes del condado.

El dilema que se revela en el sur de Florida es indicativo de lo que algunos ven como una tendencia más amplia en la lucha nacional por la justicia ambiental, que aboga por un medio ambiente limpio y saludable para todos, incluidas las comunidades de bajos ingresos y de minorías.

Con demasiada frecuencia, las tierras en donde viven personas negras e hispanas (que pueden ser de cualquier raza) soportan injustamente una carga excesiva de contaminación del aire y otras emisiones provenientes de incineradores de basura, plantas químicas y refinerías de petróleo que dañan su salud, dijo Mike Ewall, director de Energy Justice Network. Esta organización sin fines de lucro aboga por una energía limpia y mapea los incineradores municipales de residuos sólidos.

“Todos los lugares que considerarían para poner algo que nadie quiere están en comunidades de color”, observó Ewall.

En todo el país, operan más de 60 incineradores municipales de residuos sólidos, según datos de Energy Justice. Aunque más del 60% están en comunidades mayoritariamente blancas no hispanas, aquellos en comunidades de color están más cerca de las casas, queman más basura y emiten más contaminantes, explicó Ewall.

En Florida, seis de los nueve incineradores operando están en lugares donde el porcentaje de personas de color es más alto que el promedio estatal del 46%, según datos de EJScreen, una herramienta en línea de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que mide información socioeconómica y de medio ambiente para áreas específicas.

Antes que un incendio en febrero de 2023 destruyera el antiguo incinerador de basura de Miami-Dade, el condado enviaba casi la mitad de sus desechos a esa instalación. Ahora, está enterrando gran parte de su basura en un vertedero local o transportándola en camiones a una planta en el centro de Florida, una solución de corto plazo.

Joe Kilsheimer, director ejecutivo de la Florida Waste-to-Energy Coalition, una organización sin fines de lucro que aboga por los propietarios y operadores de incineradores de basura, reconoce que elegir una ubicación es difícil. Dijo que las empresas deciden basándose en parámetros aceptados por la industria, y los gobiernos locales deben identificar estrategias para tratar los residuos de manera segura y eficiente.

“Tenemos una economía a escala industrial que produce desechos a escala industrial”, dijo Kilsheimer, “y tenemos que manejarlos a escala industrial”.

“Esas personas no importan”

Florida quema más basura que cualquier otro estado; y al menos tres condados, además de Miami-Dade, están considerando planes para construir nuevas instalaciones. Lidiar  con la decisión de dónde instalar el incinerador ha sido un desafío especial para los funcionarios electos de Miami-Dade.

A finales de noviembre, los comisionados del sur de Florida consideraron reconstruir el incinerador donde había estado durante casi 40 años, en Doral, una comunidad predominantemente hispana que también alberga el Trump National Doral, un resort de golf propiedad del presidente electo, ubicado a menos de 3 millas del antiguo sitio. Pero, enfrentando una nueva oposición de la familia Trump, la alcaldesa del condado solicitó retrasar una votación que estaba programada para el 3 de diciembre.

El presidente Joe Biden creó un consejo nacional para abordar las inequidades sobre en dónde se construyen instalaciones tóxicas y emitió órdenes ejecutivas que exigen que la EPA y el Departamento de Justicia aborden estos problemas.

Consultada sobre si Trump mantendría las órdenes ejecutivas de Biden, Karoline Leavitt, la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que, en su primer mandato, Trump “promovió la conservación y el cuidado ambiental” mientras reducía las emisiones de carbono.

“En su segundo mandato, el presidente Trump volverá a ofrecer aire y agua limpios para las familias estadounidenses mientras Hace a América Rica de Nuevo”, dijo Leavitt.

Sin embargo, durante su presidencia, Trump propuso recortes drásticos al presupuesto y personal de la EPA y revirtió reglas sobre contaminación del aire y el agua, incluidas las regulaciones sobre emisiones de plantas de energía, autos y camiones.

Esto es una gran preocupación para los vecindarios de minorías, especialmente en estados como Florida, dijo Dominique Burkhardt, abogada del grupo legal sin fines de lucro Earthjustice, que presentó una queja contra el Departamento de Protección Ambiental de Florida en marzo de 2022.

La queja, presentada en nombre de Florida Rising, un grupo sin fines de lucro que promueve el derecho al voto, alega que el regulador ambiental de Florida violó la Ley de Derechos Civiles de 1964 al no traducir al español documentos y avisos públicos relacionados con los permisos de incineradores en Miami y Tampa, y al negarse a considerar el impacto de las instalaciones en las comunidades minoritarias cercanas.

“No están considerando de ninguna manera quiénes son los afectados por la contaminación del aire”, dijo Burkhardt sobre la agencia estatal. Ahora, la EPA está investigando la queja.

Los legisladores conservadores y los reguladores estatales han sido reacios a las leyes y regulaciones que se centran en los derechos de las personas de color, dijo Burkhardt. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha promulgado leyes que limitan la educación sobre raza en las escuelas públicas y prohíben a las universidades y colegios públicos gastar dinero en programas de diversidad, equidad e inclusión.

“Quieren ser neutrales en cuanto a la raza”, dijo Burkhardt. Pero eso ignora “la arraigada historia, muy real, en nuestro país de racismo y discriminación sistémica”.

Estudios han hallado que los barrios con más residentes de bajos ingresos y minorías tienden a estar más expuestos a contaminantes que causan cáncer. Las comunidades con un gran número de instalaciones industriales también tienen notorias disparidades raciales en los resultados de salud.

Los incineradores emiten contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas de materia fina, que se han asociado con enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cáncer. Las personas que viven cerca de ellos a menudo no tienen el poder político para expulsar a las industrias, apuntó Ray.

Ignorar el impacto desigual envía un mensaje claro a los residentes que viven allí, agregó.

“Lo que estás diciendo es: ‘Esa gente no importa'”.

Cubiertos de ceniza

Florida es uno de los 23 estados que han presentado peticiones en los tribunales para anular protecciones clave bajo la Ley de Derechos Civiles. Estas protecciones prohíben la discriminación racial por parte de organizaciones que reciben fondos federales y previenen que las industrias contaminantes “sobrecarguen” a las comunidades de color.

Esas reglas piden a los estados “que participen en una ingeniería racial”, argumentó la fiscal general de Florida, Ashley Moody, en una carta de abril de 2024 a la EPA, firmada también por los fiscales generales de otros 22 estados. Desde entonces, un tribunal federal en Louisiana, que demandó a la EPA en mayo de 2023, ha impedido que la agencia haga cumplir las reglas contra empresas que operan en ese estado.

Cuando se quemó en febrero de 2023, el incinerador de Miami-Dade, construido al oeste del aeropuerto en 1982, recibía casi la mitad de la basura del condado. Aunque la instalación tenía dispositivos de control de contaminación, esas medidas no siempre protegían a los residentes cercanos del olor, humo y ceniza que emitía el incinerador, dijo Cheryl Holder, médica internista que se mudó a ese vecindario en 1989.

Holder dijo que todas las mañanas su auto estaba cubierto de ceniza. Los residentes persuadieron al condado, propietario del lugar, para instalar “depuradores” que atraparan la ceniza en la chimenea. Pero el olor persistía, dijo, describiéndolo como “un extraño químico —mezcla de lejía/vinagre con olor a basurero”— que a menudo se manifestaba tarde en la noche y temprano en la mañana.

Aun así, Holder formó una familia en la comunidad, pero en el año 2000 se mudaron, preocupados de que la contaminación del incinerador estuviera afectando su salud.

“Mi hijo terminó con asma … y nadie en mi familia tiene asma”, contó Holder, quien en 2018 ayudó a fundar Florida Clinicians for Climate Action, un grupo enfocado en los daños a la salud provocados por el cambio climático.

Aunque no puede probar que la contaminación del incinerador causó la enfermedad de su hijo —las autopistas, el aeropuerto y el vertedero cercanos también emiten sustancias tóxicas— está convencida de que fue un factor que contribuyó.

Muchos residentes del sur de Florida están preocupados por los efectos en la salud de la quema de basura, a pesar de las garantías de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y de los consultores ambientales del condado de que los incineradores modernos son seguros.

La oficina de Cava no respondió a las consultas de KFF Health News sobre el incinerador. Cava ha dicho en reuniones públicas y en un memorando de septiembre a los comisionados del condado que el peligro para la salud y el medio ambiente del nuevo incinerador sería mínimo. Citó una evaluación de un consultor ambiental que indicó que el riesgo para la salud está “por debajo del riesgo que representa simplemente caminar por la calle y respirar aire que contiene gases de caños de escape de automóviles”.

Pero algunos expertos en salud ambiental dicen que no solo las operaciones diarias de una instalación son motivo de preocupación. Los eventos imprevistos, como el incendio que destruyó el incinerador de Miami-Dade, pueden causar catástrofes ambientales.

“No debería ser parte de sus operaciones regulares”, dijo Amy Stuart, profesora de salud ambiental y ocupacional en la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida. “Pero sucede de vez en cuando. Y no ha sido tan bien regulado”.

Sin soluciones fáciles

Además del incinerador planificado en Miami-Dade, se han propuesto tres instalaciones más en otras partes del estado, según Energy Justice Network e informes noticiosos.

Los legisladores estatales adoptaron una ley en 2022 que otorga subvenciones para expansiones de incineradores de basura existentes y ayuda financiera para las empresas de gestión de residuos que pierden ingresos por la venta de la electricidad que generan sus instalaciones.

Un proyecto de ley presentado por demócratas este año en la Legislatura de Florida habría requerido una evaluación del impacto de una instalación en las comunidades donde viven minorías antes que el estado proporcionara incentivos financieros. La legislación murió en el comité.

A medida que los gobiernos locales en Florida y otros lugares recurren a la incineración para gestionar los residuos, la industria ha argumentado que quemar basura es mejor que enterrarla en un vertedero.

Kilsheimer, cuyo grupo representa a esta industria, dijo que Miami-Dade no tiene espacio para construir otro vertedero, aunque la ceniza tóxica que queda tras quemar basura debe tirarse en algún lugar.

“Esta es la mejor solución que tenemos para las condiciones en las que tenemos que operar”, dijo.

Pero Stuart, de la Universidad del Sur de Florida, señaló que quemar basura no es la única opción y que el gobierno no debería ignorar el racismo histórico y ambiental. El antídoto no puede ser colocar más incineradores y otras instalaciones contaminantes en vecindarios mayoritariamente blancos no hispanos, dijo.

En cambio, el enfoque del dinero público debería estar en reducir la basura por completo para eliminar la necesidad de incineradores y vertederos, dijo Stuart, disminuyendo el consumo de las comunidades y aumentando el reciclaje, la reutilización y la producción de abono de residuos.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1966431
Trash Incinerators Disproportionately Harm Black and Hispanic People https://kffhealthnews.org/news/article/trash-incinerators-florida-disproportionately-harm-minorities/ Mon, 23 Dec 2024 13:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1958466 MIAMI — When leaders of Florida’s most populous county met in September to pick a site for what could become the nation’s largest trash incinerator, so many people went to the government center to protest that overflow seating spilled into the building’s atrium.

“MIRAMAR SAYS NO TO INCINERATOR! NOT IN OUR BACKYARD,” read green T-shirts donned by some attendees who wanted to stop the new industrial waste facility — capable of burning up to 4,000 tons of garbage a day — from being built near their homes.

Residents feared the site would not only sink their property values and threaten the environment, but also potentially harm people’s health.

Even more, the locations appeared to have been selected in a way that worried civil rights and environmental advocacy groups. All four sites considered that day were in, or near, some of the region’s most diverse communities, and the state is arguing in federal court that race should not be a consideration in permitting industries that pollute the environment.

“Historically, communities of color have suffered the impacts of toxic plants near our cities, affecting our health and well-being,” Elisha Moultrie, a 30-year Miramar resident and committee leader with the Miami-Dade NAACP, told the county commissioners.

It’s “environmental injustice and racial injustice,” she said.

Miami-Dade leaders see a different challenge: the need to effectively manage trash. The county produces nearly double the national average per person of garbage, in part due to one of the region’s major industries: tourism.

Yet, throughout 2024, Miami-Dade’s elected officials delayed a decision on where to build the planned $1.5 billion incinerator, as the county mayor and commissioners wrestled with politics. County leaders are scheduled to vote on a new site in February.

“There is no perfect place,” Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava said in a recent memo to county leaders.

The conundrum unfolding in South Florida is indicative of what some see as a broader trend in the national fight for environmental justice, which calls for a clean and healthy environment for all, including low-wealth and minority communities. Too often land inhabited by Black and Hispanic people is unfairly overburdened with air pollution and other emissions from trash incinerators, chemical plants, and oil refineries that harm their health, said Mike Ewall, director of Energy Justice Network, a nonprofit that advocates for clean energy and maps municipal solid waste incinerators.

“All the places that they would consider putting something no one wants are in communities of color,” he said.

More than 60 municipal solid waste incinerators operate nationwide, according to data from Energy Justice. Even though more than 60% of incinerators are in majority-white communities, those in communities of color have more people living nearby, burn more trash, and emit more pollutants, Ewall said.

And in Florida, six of the nine existing incinerators are in places where the percentages of people of color are higher than the statewide average of 46%, according to data from the Environmental Protection Agency’s EJScreen, an online tool for measuring environmental and socioeconomic information for specific areas.

Before Miami-Dade County’s old trash incinerator burned down in February 2023, the county sent nearly half of its waste to the facility. Now, the county is burying much of its trash in a local landfill or trucking it to a central Florida facility — an unsustainable solution.

Joe Kilsheimer, executive director of the Florida Waste-to-Energy Coalition, a nonprofit that advocates for owners and operators of trash incinerators, acknowledges that choosing a location is hard. Companies decide based on industry-accepted parameters, he said, and local governments must identify strategies to manage waste in ways that are both safe and efficient.

“We have an industrial-scale economy that produces waste on an industrial scale,” Kilsheimer said, “and we have to manage it on an industrial scale.”

‘Those People Don’t Matter’

Florida burns more trash than any other state, and at least three counties besides Miami-Dade are considering plans to build new facilities. Managing the politics of where to place the incinerator has especially been a challenge for Miami-Dade’s elected officials.

In late November, commissioners in South Florida considered rebuilding the incinerator where it had been for nearly 40 years — in Doral, a predominantly Hispanic community that also is home to Trump National Doral, a golf resort owned by the president-elect less than 3 miles from the old site. But facing new opposition from the Trump family, the county mayor requested delaying a vote that had been scheduled for Dec. 3.

President Joe Biden created a national council to address inequities about where toxic facilities are built and issued executive orders mandating that the Environmental Protection Agency and Department of Justice address these issues.

Asked if Trump would carry on Biden’s executive orders, Karoline Leavitt, the incoming White House press secretary, said in an email that Trump “advanced conservation and environmental stewardship” while reducing carbon emissions in his first term.

“In his second term, President Trump will once again deliver clean air and water for American families while Making America Wealthy Again,” Leavitt said.

However, during his presidency, Trump proposed drastic reductions to the EPA’s budget and staff, and rolled back rules on clean air and water, including the reversal of regulations on air pollution and emissions from power plants, cars, and trucks.

That’s a big concern for minority neighborhoods, especially in states such as Florida, said Dominique Burkhardt, an attorney with the nonprofit legal aid group Earthjustice, which filed a complaint against Florida’s Department of Environmental Protection in March 2022.

The complaint, on behalf of Florida Rising, a nonprofit voting rights group, alleges that Florida’s environmental regulator violated the Civil Rights Act of 1964 by failing to translate into Spanish documents and public notices related to the permitting of incinerators in Miami and Tampa, and by refusing to consider the impact of the facilities on nearby minority communities.

“They’re not in any way taking into account who’s actually impacted by air pollution,” Burkhardt said of the state agency. The EPA is now investigating the complaint.

Conservative lawmakers and state regulators have been hostile to laws and regulations that center on the rights of people of color, Burkhardt said. Florida Gov. Ron DeSantis, a Republican, has signed into law bills limiting race education in public schools and banning public colleges and universities from spending money on diversity, equity, and inclusion programs.

“They want to be race-neutral,” Burkhardt said. But that ignores “the very real history in our country of racism and entrenched systemic discrimination.”

Historical racism like segregation and redlining, combined with poor access to health care and exposure to pollution, has a lasting impact on health, said Keisha Ray, a bioethicist with the University of Texas Health Science Center at Houston.

Studies have found that neighborhoods with more low-income and minority residents tend to have higher exposure to cancer-causing pollutants. Communities with large numbers of industrial facilities also have stark racial disparities in health outcomes.

Incinerators emit pollutants such as carbon monoxide, nitrogen oxides, and fine particulate matter, which have been associated with heart disease, respiratory problems, and cancer. People living near them often don’t have the political power to push the industries out, Ray said.

Ignoring the disparate impact sends a clear message to residents who live there, she said.

“What you’re saying is, ‘Those people don’t matter.’”

Covered in Ash

Florida is one of 23 states that have petitioned the courts to nullify key protections under the Civil Rights Act. The protections prohibit racial discrimination by organizations receiving federal funding and prevent polluting industries from overburdening communities of color.

Those rules ask the states “to engage in racial engineering,” argued Florida Attorney General Ashley Moody in an April 2024 letter to the EPA, co-signed by attorneys general for 22 other states. A federal court in Louisiana, which sued the EPA in May 2023, has since stopped the agency from enforcing the rules against companies doing business in that state.

Miami-Dade’s incinerator, built west of the airport in 1982, was receiving nearly half the county’s garbage when it burned down in February 2023. Though the facility had pollution control devices, those measures did not always protect nearby residents from the odor, smoke, and ash that the incinerator emitted, said Cheryl Holder, an internal medicine physician who moved into the neighborhood in 1989.

Holder said every morning her car would be covered in ash. Residents persuaded the county, which owned the facility, to install “scrubbers” that trapped the ash in the smokestack. But the odor persisted, she said, describing it as “a strange chemical — faint bleach/vinegar mixed with garbage dump smell” — that often occurred in the late evening and early morning.

Holder still started a family in the community, but by 2000 they moved, out of concern that pollution from the incinerator was affecting their health.

“My son ended up with asthma … and nobody in my family has asthma,” said Holder, who in 2018 helped found Florida Clinicians for Climate Action, a group focused on the health harms of climate change. Though she cannot prove that incinerator pollution caused her son’s illness — the freeways, airport, and landfill nearby also emit toxic substances — she remains convinced it was at least a contributing factor.

Many South Florida residents are concerned about the health effects of burning trash, despite assurances from Miami-Dade Mayor Cava and the county’s environmental consultants that modern incinerators are safe.

Cava’s office did not respond to KFF Health News’ inquiries about the incinerator. She has said in public meetings and a September memo to county commissioners that the health and ecological danger from the new incinerator would be minimal. She cited an environmental consultant’s assessment that the health risk is “below the risk posed by simply walking down the street and breathing air that includes car exhaust.”

But some environmental health experts say it’s not only a facility’s day-to-day operations that are cause for concern. Unplanned events, such as the fire that destroyed Miami-Dade’s incinerator, can cause environmental catastrophes.

“It might not be part of their regular operations,” said Amy Stuart, a professor of environmental and occupational health at the University of South Florida’s College of Public Health. “But it happens every once in a while. And it hasn’t been that well regulated.”

No Easy Solutions

In addition to Miami-Dade’s planned incinerator, three other facilities have been proposed elsewhere in the state, according to Energy Justice Network and news reports.

State lawmakers adopted a law in 2022 that awards grants for expansions of existing trash incinerators and financial help for waste management companies losing revenue on the sale of the electricity their facilities generate.

A bill filed in the Florida Legislature by Democrats this year would have required an assessment of a facility’s impact on minority communities before the state provided financial incentives. The legislation died in committee.

As local governments in Florida and elsewhere turn to incineration to manage waste, the industry has argued that burning trash is better than burying it in a landfill.

Kilsheimer, whose group represents the incinerator industry, said Miami-Dade has no room to build another landfill, though the toxic ash left behind from burning trash must be disposed of in a landfill somewhere.

“This is the best solution we have for the conditions that we have to operate in,” he said.

But University of South Florida’s Stuart said that burning trash isn’t the only option and that the government should not ignore historical and environmental racism. The antidote cannot be to put more incinerators and other polluting facilities in majority-white neighborhoods, she said.

The focus of public money instead should be on reducing waste altogether to eliminate the need for incinerators and landfills, Stuart said, by reducing communities’ consumption and increasing recycling, repurposing, and composting of refuse.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1958466
‘Waiting List to Nowhere’: Homelessness Surveys Trap Black Men on the Streets https://kffhealthnews.org/news/article/homelessness-vulnerability-surveys-black-men-las-vegas/ Mon, 23 Dec 2024 13:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?p=1962186&post_type=article&preview_id=1962186 LAS VEGAS — Maurice Clark huddled in his tent along dusty railroad tracks as two homeless-outreach workers began asking him questions to determine whether he would qualify for free or subsidized housing.

Did he use drugs? Had he ever been in jail? How many times had he been to an emergency room? Had he been attacked on the streets? Tried to harm himself? Engaged in sex for money?

Clark didn’t feel comfortable being honest with the two surveyors he’d never met before, who were flanked by police officers as they recorded his responses from a questionnaire on a tablet.

“I’ve done some crazy things to survive, but I’m, like, I’m going to say no because there’s these officers right there,” he said, recalling the encounter on a fall afternoon outside his tent.

“I’m a Black man in America, so asking this stuff hits a little bit different.”

National homelessness experts and local leaders say such personal questions exacerbate racial disparities in the ranks of the nation’s unhoused, particularly as more people experiencing homelessness compete for scarce taxpayer-subsidized housing amid a deepening affordability crisis.

Vulnerability questionnaires were created to determine how likely a person is to get sick and die while homeless, and the system has been adopted widely around the country over the past decade to help prioritize who gets housing. The more a homeless person is perceived to be vulnerable, the more points they score on the questionnaire and the higher they move in the housing queue. The surveys are being singled out for worsening racial disparities by systematically placing homeless white people at the front of the line, ahead of their Black peers — partly because the scoring awards more points for using health care, and relies on trust in the system, both of which favor white people.

Black people make up 13.7% of the overall U.S. population yet account for 32.2% of the nation’s homeless population. White people, including some people of Hispanic descent, make up 75% of the country and represent 55% of America’s homeless.

“It’s racist in a systemic way,” said Marc Dones, a California-based policy director at the University of California-San Francisco and a lead researcher for one of the nation’s largest studies analyzing the Black homeless population. “If you’re a white person, the more likely you are to rank higher than if you’re a Black person, so you’re more likely to get selected for housing.”

Vulnerability surveys took off after President Barack Obama in 2009 signed into law sweeping rules requiring the country’s local homelessness agencies, known as Continuums of Care and currently numbering 381, to adopt a method to assess the vulnerability of homeless people to receive federal housing and homelessness funding. Cities and counties predominantly adopted a survey called VI-SPDAT, which is still used by an estimated two-thirds of homeless agencies, even as it has been found to favor white people and rank Black people lower.

Some experts argue it’s time to toss the vulnerability assessment altogether and look not only at health and social needs but also systemic racism, poverty, involvement in the criminal justice system, barriers to housing, and other economic drivers that influence, and in some cases cause, homelessness. Several U.S. communities are revamping their vulnerability assessment systems to reduce racial disparities and help more Black people get housing.

In Los Angeles, officials are launching an effort to use artificial intelligence to better assess whether someone should be prioritized for placement, in part by looking at overpolicing of Black people and discrimination in health care. In Las Vegas, officials are revamping their vulnerability assessment to give higher scores for systemic problems including incarceration. In Austin, Texas, officials are testing a system to account for people displaced by gentrification.

“We need to own the racism that is embedded in our systems,” said Quiana Fisher, vice president of homelessness response systems for the lead agency in Travis County, Texas, which includes Austin. “It’s not just about the tool — it’s about funding, and it’s about program outcomes. Even if it’s unintentional, we have created a homeless response system that is rooted in racism.”

The assessment tool was first tested in Boston, where members of the homeless population were more likely to be white, male, and have a severe mental illness or substance use disorder. Black people, meanwhile, are more likely to be homeless because of economic reasons, such as poverty or joblessness, and are less likely to have a record of medical care due to higher uninsurance and less use of health care.

“This whole system was piloted on this older white population in Boston, so it does a poor job of capturing the needs of Black folks, who don’t tend to be as sick as white folks — they’re more broke,” Dones said. “The initial thought was to prioritize these people because they’re going to die sooner. It was trying to tackle mortality, but it wound up in racism.”

As a result, white people are more likely to gain housing because they tend to score more points on vulnerability assessments that rank sickness higher, including histories of chronic disease, addiction, mental illness, and emergency room visits and hospitalizations, according to national surveys. Black people, meanwhile, are less likely to have health insurance or medical diagnoses and to reveal their ailments, and are more mistrustful due to biases in the health care system. “Black folks are less likely to seek care, even with coverage, due to medical racism,” Dones said.

Local leaders say part of the problem is becoming homeless in the first place and economic disadvantages that drive more Black people into homelessness, including placement in foster care and higher rates of eviction and joblessness. But once homeless, helping Black people get into stable housing becomes more elusive.

In Los Angeles County, home to more homeless people than any other county in the country, 31% of homeless people are Black, though the overall Black population accounts for 9%. In Austin, Black people account for nearly 32% of the homeless population, compared with 7.6% overall. And in Clark County, which includes Las Vegas, Black people represent 42% of the homeless population but just 12% of the overall population.

“We’ve failed to capture the complex vulnerabilities of our marginalized groups. We’re asking all these questions, but we created a waiting list to nowhere,” said Brenda Barnes, who leads the Southern Nevada Homelessness Continuum of Care.

Streets of Las Vegas

Grasping his toothbrush after cleaning up in his tent on a recent morning, Clark, 45, recalled taking his housing questionnaire this year. He ticked off responses to outreach workers that should rank him high in the queue — he lacked stable housing, has been homeless for nearly four years, and has no job or reliable income.

He’d frequented emergency rooms and had been to jail, pleading guilty to a felony theft crime he said he didn’t commit, and several times for possession of drugs and paraphernalia, he told them. He used methamphetamine, mostly to be alert at night when it became dangerous. Was he ever assaulted? Yes, especially in adulthood since becoming homeless in 2020.

In reality, he hustled sometimes for a dime, and he worried he’d be targeted for taking recyclables or engaging in prostitution. “I’ve done it to get a room for a night. It’s like a last resort,” he said.

And Clark wasn’t forthcoming with outreach workers about the details of his drug use or involvement with law enforcement, that he’d sold his body for sex, that he’d experienced abuse. He couldn’t recall all the details of his medical history either. Continually fleeing law enforcement sweeps with his tent, hauling it along busy train tracks, he’s high at times, and often in a state of chaos and fear that can scramble his memory or make him fearful of arrest. He didn’t share with them his occasional thoughts of suicide or his health concerns, including possibly having diabetes.

“They asked me about drugs, I was like, um, I don’t know,” Clark said. “Like I’m supposed to tell them I got addicted to meth or sold my body for a meal and hotel room? I had no idea where this information was going or what it was being used for.” After he took the survey, no housing came.

Even those who do answer honestly find themselves competing for a limited supply of affordable housing. John Harris was sleeping under a bridge on a recent October afternoon. He said he has taken the questionnaire twice. It led nowhere.

“They asked me, have I been incarcerated? And I said yes. I’ve been to prison too many times. And I have mental health struggles,” said Harris, 59, who has been in and out of sober living shelters but still uses methamphetamine. He has been a repeat visitor to emergency rooms, and on an October afternoon recorded a high blood pressure reading that put him at risk for a heart attack — factors that should score points for vulnerability.

“I called and asked what happened with my housing. They said I didn’t score high enough,” he said. After getting his blood pressure checked by a street medicine nurse, he shrugged, saying he may just wind up back in the emergency room, as he retreated under the bridge.

“No matter what society says today, things ain’t never going to change,” he said.

‘I Don’t Know What the Solution Is’

How communities assign points to homeless people and rank them for housing is the biggest problem.

The most common questionnaire deployed by communities around the country, the VI-SPDAT, assigns points meant to gauge the vulnerability of a person living on the streets. Experts say this model was never tested as a housing assessment tool, nor meant to determine whether someone gets into housing.

“This is not a reliable instrument, and Black men consistently score the lowest for vulnerability, so they are deprioritized for housing — to get housing, you really need to score high,” said Courtney Cronley, a University of Tennessee researcher who analyzed the vulnerability assessment. Her findings were published in 2020 in the Journal of Social Distress and Homelessness.

Cronley pointed to a range of questions that exacerbate racial bias and have little to do with qualifying for housing:

How many times have you received health care in an emergency room? Have you been attacked or beaten up? Have you threatened to harm yourself or anyone else in the last year?

Does anyone force you or trick you to do things that you do not want to do? Do you exchange sex for money? Run drugs?

Experts who study the vulnerability questionnaire also point out that the racial or ethnic background of surveyors often doesn’t reflect that of the people being questioned, which can lead to inaccurate results if a respondent doesn’t feel safe or understand the survey’s purpose.

Some cities and counties are creating surveys that local homeless agencies hope will narrow racial disparities.

Clark County deployed a new vulnerability assessment in June after a 2023 secret-shopper project found the system was not connecting homeless people with housing or services, especially people of color.

“We failed in every category,” Barnes said. Formerly homeless people fanned out on the streets and in the tunnels to test whether the housing questionnaire resulted in providing housing for the most vulnerable. “All we were doing is counting people.”

Clark County’s new weighted questionnaire now considers how likely a person is to exit homelessness on their own — instead of how likely they are to die on the streets or in the tunnels.

The new system assigns homeless people points in four categories to get higher in the queue for housing: whether someone is pregnant or a parent; whether they have a substance use disorder, chronic health condition, or mental health diagnosis; whether they’re 55 or older; and whether they have committed a felony or violent crime.

“Because you’re not going to get approved for a job or housing if they run a background check and there’s a criminal record,” she said, “so we want to address that in our housing system.”

Still, Barnes isn’t sure Clark County will get it right this time. As of mid-November, more homeless Black people were waiting for housing than white people. According to local data obtained through public records requests, nearly 1,500 Black people are in the county’s housing queue, compared with roughly 1,000 white people.

“I don’t know what the solution is,” Barnes said. “To be honest, the numbers may spike again.”

Los Angeles County, where an estimated 75,000 people experience homelessness, is creating a weighted tool to assign more points for factors that disproportionately affect people of color.

If someone has been incarcerated or detained by law enforcement, instead of getting one point, a homeless person would score five, moving them up on the housing list, said Eric Rice, a social scientist and professor at the University of Southern California.

“We are assigning more points to structural inequities,” said Rice, who is helping develop the new questionnaire.

Los Angeles County also plans to assign more points for drug use and for having HIV, which affects Black men more than any other group. New HIV diagnoses for Black adults were eight times those of white people, according to research by KFF, a health information nonprofit that includes KFF Health News.

Homelessness coordinators have also revamped their vulnerability assessment in Travis County, Texas, where a Black resident is six times as likely to fall into homelessness as a white person.

The county’s homelessness agency, according to Fisher, looked at historically Black neighborhoods in Austin that had been gentrified and scored homeless people higher if they’d lived in those areas but were now homeless.

“If you lived in a place that was previously redlined or now gentrified, you got a point for that,” Fisher said. The survey also gave points for involvement in the criminal justice system, because Black people are more likely to get arrested or jailed, she said.

Some experts say the idea of using a tool to rank people should disappear altogether.

Instead, communities should have flexibility to tailor their housing resources based on the local needs and demographic makeup of their homeless populations, said Mary Frances Kenion, vice president of training and technical assistance at the National Alliance to End Homelessness.

She said communities can cultivate trust between homeless people and outreach workers through a one-on-one approach that can be more responsive to individual needs and local housing conditions, which can better determine whether someone should be moved to the top of the housing list.

Kenion also encouraged federal, state, and local governments to reimagine their approach to prioritizing people for housing based not on vulnerability but economic factors like income, history of eviction, or having a felony record. She argued communities should devote more resources to stem the flow of Black people into homelessness.

“If we don’t manage to stop that,” she said, “this is just going to keep getting exponentially worse.”

This article was produced by KFF Health News, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation. 

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1962186
He Went in for a Colonoscopy. The Hospital Charged $19,000 for Two. https://kffhealthnews.org/news/article/surprise-bill-colonoscopy-chicago-northwestern-december-bill-of-the-month/ Thu, 19 Dec 2024 10:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1961354 Tom Contos is an avid runner. When he started experiencing rectal bleeding in March, he thought exercise could be the cause and tried to ignore it. But he became increasingly worried when the bleeding continued for weeks.

The Chicago health care consultant contacted his physician at Northwestern Medicine, who referred him for a diagnostic colonoscopy, at least partly because Contos, 45, has a family history of colon issues.

“I work out a lot,” he said. “But my partner said this isn’t normal. My primary care physician said, ‘Given your family history, let’s get you in.’”

Northwestern Memorial Hospital asked him to prepay $1,000 out-of-pocket, and he underwent the procedure in June.

Then the bill came.

The Medical Procedure

Colonoscopies are performed in the United States more than 15 million times a year. Rates of colorectal cancer are on the rise, particularly among younger people.

The procedure, which is also a recommended screening for people 45 or older, involves examining the large intestine using a tube with a video camera that can also collect tissue samples.

It typically takes less than one hour, with another hour spent taking the patient’s history, administering anesthesia, and monitoring their recovery, said Glenn Littenberg, a physician who recently chaired the reimbursement committee of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy.

According to Contos’ medical record, the gastroenterologist who performed his colonoscopy described it as “not difficult.” He biopsied and removed small growths called polyps from two spots and identified large internal hemorrhoids, which are swollen veins.

The biopsy samples were sent to pathology for testing and found to be precancerous. But the gastroenterologist reported finding no evidence of cancer, and after reviewing the pathology report, he concluded hemorrhoids were the likely cause of the bleeding.

The Final Bill

The hospital charged a total of $19,206 for the procedure, including physician fees. The insurer negotiated the price to $5,816 and paid $1,979, leaving a patient share of $4,047. (It wasn’t clear why the payments added up to slightly more than the negotiated price.) After Contos had paid $1,000 up front, plus $1,381 right after the procedure, the hospital said he still owed $1,666.

The Billing Problem: Colonoscopies That Find Polyps Cost More

Contos was shocked and angry when he received his itemized bill. “I said, ‘I don’t understand this.’ Then I started to research the cost.”

He asked the hospital what it charges for a diagnostic colonoscopy and was told he’d been sent a cost estimate through his online patient portal prior to the procedure.

The estimate, which took his deductible of $3,200 into account, listed a total price of $7,203, with an out-of-pocket bill of $2,381. He asked Northwestern why the charges were nearly three times the estimate and why his out-of-pocket share was nearly twice as high.

One big reason was revealed in an explanation of benefits (EOB) statement from Contos’ insurance company, Aetna: Northwestern had charged for two colonoscopies, at $5,466 each. And there were two fees for the gastroenterologist — $1,535 and $1,291.

The first procedure was listed as “colonoscopy and biopsy,” while the second was listed as “colonoscopy w/lesion removal.” Aetna’s negotiated member rate reduced the first $5,466 hospital charge to $3,425, while the charge for the second procedure was lowered to $1,787 — $1,638 less.

Neither the bill nor the EOB explained why there was a second procedure listed, at a reduced price.

After examining Contos’ bill, Littenberg said it’s standard for providers to bill for two colonoscopies if they remove two or more polyps in different ways, because of the extra work. As in this case, hospitals typically use a modifier code that reduces the amount charged for the second billed colonoscopy so they charge only for the extra work, he added.

“How do you explain that in sensible terms that anyone could understand?” Littenberg said.

Even with that reduction, Littenberg said, he thought Contos’ total out-of-pocket cost of $4,047 was “a lot, though not rare for large academic centers.”

Contos’ insurance documents show Aetna’s negotiated rate for his colonoscopy at Northwestern was more than twice the insurer’s median negotiated rate for the same procedure at other Chicago-area hospitals, according to Forrest Xiao, director of quantitative research at Turquoise Health, a company that gathers health care price data.

In exchanges with Northwestern and Aetna representatives, Contos asked why he was charged for two colonoscopies. A Northwestern representative said that because of the modifier code, he wasn’t actually being billed for two procedures, which Contos found bewildering.

“I told Northwestern, ‘I’m not paying that, and I don’t care if you send me to collections,’” he said. He filed appeals with the hospital and Aetna but was ultimately told the billing was correct.

The Resolution

In an email, Contos told the billing department that its charge was “ridiculously high.” A representative responded that Northwestern’s pricing is in line with other academic medical centers in Chicago and “non-negotiable” — and that his account would be turned over to a collections agency.

CVS Health spokesperson Phillip Blando said in a written statement to KFF Health News that the claims for Contos were “paid accurately” by Aetna, declining further comment. (CVS Health owns Aetna.)

Northwestern did not respond to multiple requests for comment.

Contos said he wrote to his physician that he was regretfully dropping him and leaving Northwestern entirely because of the health system’s high pricing.

He said he’s still experiencing periodic symptoms, which he relieves with over-the-counter Preparation H. A one-ounce tube of the ointment costs $10.99 at CVS.

The Takeaway

To get a colonoscopy at a lower price, Littenberg said, patients should consider going to a freestanding endoscopy center or ambulatory surgery center not associated with a hospital. A 2023 study found that ambulatory surgery centers billed insurers an average of about $1,030 for a colonoscopy with biopsy or with removal of a polyp, compared with $1,760 at a hospital.

Bill of the Month

More from the series

To get a sense of how much a diagnostic colonoscopy could cost, patients can consult a hospital’s price website and an insurer’s cost-estimator website, both required by federal price transparency rules.

Patients also can look up a good-faith estimate of the cash price, which can be lower than the price for patients using insurance to pay for a procedure. In addition, they can check prices through websites such as Turquoise Health and Fair Health, which draw from federal price transparency data or claims data from insurers.

Still, the actual cost could be higher than the estimate if the colonoscopy finds one or more polyps that need to be removed and biopsied, which occurs in at least 40% of all colonoscopies, Littenberg said. Patients should ask whether the price includes those potentially extra services. After all, the point of a diagnostic colonoscopy is to find and, if necessary, treat lesions that could cause problems — regardless of the number found.

It all should be easier for patients, Xiao said: “You shouldn’t have to be a medical billing expert to know what you’re going to pay.”

Bill of the Month is a crowdsourced investigation by KFF Health News and The Washington Post’s Well+Being that dissects and explains medical bills. Since 2018, this series has helped many patients and readers get their medical bills reduced, and it has been cited in statehouses, at the U.S. Capitol, and at the White House. Do you have a confusing or outrageous medical bill you want to share? Tell us about it!

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1961354
How Are States Spending Opioid Settlement Cash? We Built a Database of Answers https://kffhealthnews.org/news/article/opioid-settlement-funds-detailed-database-state-county-city-spending/ Mon, 16 Dec 2024 10:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1954845 In the past few years, state and local governments across the U.S. have begun spending billions in opioid settlements paid by companies accused of fueling the overdose crisis. But where is that money going, who is getting it, and is it doing any good?

KFF Health News, partnering with researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Shatterproof, a national nonprofit focused on addiction, undertook a yearlong investigation to find out.

Dozens of interviews, thousands of pages of documents, an array of public records requests, and outreach to all 50 states resulted in a first-of-its kind database that catalogs more than 7,000 ways opioid settlement cash was used in 2022 and 2023. It’s the most comprehensive resource to date tracking some of the largest public health settlements in American history.

Among the findings:

  • States and localities received more than $6 billion in opioid settlement funds in 2022 and 2023. According to public records, they spent or committed about a third of that amount and set aside about another third for future use. The final third was untrackable, as many jurisdictions did not produce public reports on the funds.
  • Reports of spending tracked the minuscule to the monumental, from $11.74 to buy postage in Yavapai County, Arizona, to more than $51 million to increase the addiction treatment workforce in California.
  • States allotted, on average, about 18% of their funds for addiction and mental health treatment; 14% for recovery services such as housing, transportation, and legal aid; 11% for harm reduction efforts such as overdose reversal medications; and 9% for prevention programs that aim to stop people from developing substance use disorders. States committed, on average, about 2% for syringe service programs, through which people can get sterile needles. (A variety of entities received this money, from law enforcement to nonprofit organizations to government agencies.)
  • Governments reported spending more than $240 million on purposes that did not qualify as opioid remediation. (Most settlements allow states to spend up to 15% of their funds this way.) Most of this tranche went to legal fees, but several jurisdictions funneled money to their general fund. One county even sent funds to its road and bridge department.
  • Several cities and counties reported expenditures they said addressed the overdose crisis but that would leave an average person scratching their head — such as $33.07 to an anti-abortion pregnancy center in Sandborn, Indiana, and $30,362 to screen first responders for heart disease in Oregon City, Oregon.

“When people know that people aren’t watching and there’s no accountability, then they can kind of do what they want,” said Tonja Myles, a community activist in Baton Rouge, Louisiana, who is in recovery. “That’s why we have to have some kind of database and accountability.”

Despite the recent decline in overall overdose deaths in the U.S., more than 90,000 people still died in the 12 months ending July 2024 and rates are rising in many Black and Native American communities.

“We can’t mess up or miss this moment,” Myles said.

Opioid settlement payouts are expected to total about $50 billion over nearly two decades, paid by more than a dozen companies that made or distributed prescription painkillers, including Johnson & Johnson, Walgreens, and Walmart. Although it’s a large sum, it’s dwarfed by the size of the crisis, making each dollar that’s spent critical.

KFF Health News and its partners reviewed hundreds of settlement spending reports, extracting expenditures line by line, and developed a methodology to sort the expenditures into categories like treatment or prevention. States were given an opportunity to review the data and comment on their spending.

To be sure, the database does not capture the full picture of opioid settlement spending nationwide. Some places do not publish spending reports, while others declined to engage with this project. The data presented here is a snapshot as of the end of 2023 and does not account for further spending in 2024. The differences in how states control, process, and report on the money make apples-to-apples comparisons nearly impossible. Still, the database helps fill a gap left by a lack of national reporting requirements and federal government inaction.

It is “a tool for those who want to objectively measure whether everything that can be done is being done,” said Matthew Myers, a former president of the Campaign for Tobacco-Free Kids, which compiles similar annual reports on tobacco settlement money.

Treatment a Clear Winner

The top priority to emerge from early opioid settlement spending was treatment, with more than $416 million spent or committed to residential rehabs, outpatient counseling, medications for opioid use disorder, and more.

The state of New York — which spent the most on treatment — allocated about $22 million of that for programs that make the gold standard for care as easy as possible for patients: providing same-day prescriptions for buprenorphine, a medication that decreases cravings for opioids.

The result was a program that John Greene said changed his life.

Greene, 57, used to live in the woods down the street from Family & Children’s Counseling Services in Cortland, New York. He cycled through jails and hospitals, overdosing half a dozen times and trying rehab just as many.

But now he has four months of recovery under his belt — the longest stint since he started regularly using drugs at 14.

He said it’s because the counseling center’s new program — funded by a mix of state and local opioid settlement dollars — has a different approach. Counselors aren’t didactic and judgmental. They don’t force him to stop smoking marijuana. Several staff members have experienced addiction themselves. They drive Greene, who doesn’t have a car, to doctor appointments and the pharmacy for his buprenorphine prescription.

Now Greene lives and works with his brother, looks forward to weekly counseling sessions, and is notching small victories — such as buying his nephew toy cars as a stocking stuffer.

“It made me feel good to do something for somebody and not expect nothing back,” Greene said.

Emily Georgia, one of Greene’s counselors, said the center has worked with nearly 200 people like him in the past year. Without the settlements, “the program probably wouldn’t exist,” she said.

Across the country, the money supports other innovative treatment approaches:

  • $21 million for a new program in Kentucky that diverts people with mental illness or addiction who face low-level charges away from incarceration and into treatment, education, and workforce training
  • More than $3 million for, in part, three new mobile methadone programs in Massachusetts, to bring the medication to rural and underserved areas
  • Tens of thousands of dollars each in Iowa and Pennsylvania to cover out-of-pocket treatment costs for people without insurance or those with high deductibles

Philip Rutherford, an expert on substance use disorder at the National Council for Mental Wellbeing, said these efforts “are really positive” and many have been “historically difficult or impossible to achieve with federal or state funding.”

But some funds are also flowing to treatment approaches that defy best practices, such as denying people medications for opioid use disorder.

Some in the recovery community consider methadone and buprenorphine a crutch. But study after study show that the medications help people stay in treatment and reduce the risk of overdose and death. Research even suggests that treatment without these medications can be more harmful than no treatment at all.

Although not everyone will want medication, settlement funds shouldn’t “prop up a system that doesn’t allow people to have that choice,” said Regina LaBelle, a professor of addiction policy at Georgetown University.

Babies, Forgotten Victims of the Epidemic

While treatment received a windfall in early opioid settlement spending, another aspect of the crisis was neglected: neonatal abstinence syndrome, a condition in which babies exposed to drugs in the womb experience withdrawal.

Nationwide, more than 59 newborns a day are diagnosed with it. Yet only about $8.4 million in settlement money was committed to the issue — less than 0.5% of all funds publicly reported as spent or committed in 2022 and 2023.

Experts in public health and addiction, as well as affected families, say it’s due to stigma.

“A mom using drugs and being a parent is a very uncomfortable reality to face,” said Ashley Grant, a 38-year-old mother of three in Mesa, Arizona. “It’s easier to just push it under the rug or let them fall through the cracks, as sad as that is.”

It almost happened to her.

Grant learned she was pregnant with her third child last year. At the time, her partner was in jail and she was using drugs after an eight-year period of recovery, was estranged from her family, and didn’t know how she’d survive the next nine months.

During a visit to a methadone clinic, she saw a booth about Jacob’s Hope, a specialty nursery that cares for substance-exposed newborns and their moms. Nursery staff connected her with a therapist, helped her enroll in parenting classes, and dropped off diapers and a playpen at her home.

After delivering at the hospital, Grant and her baby boy stayed at Jacob’s Hope for about a week. Nurses showed her how skin-to-skin contact calmed his withdrawal symptoms and more frequent feedings and burpings decreased gastrointestinal discomfort, which is common among substance-exposed newborns.

Today, Grant has roughly five months of recovery. She got certified as a peer recovery specialist and hopes to join Jacob’s Hope one day to help moms like her.

But the nursery’s future is uncertain.

After opening in 2019, Jacob’s Hope nearly shut down this summer due to low reimbursements and delayed payments from insurers, said Lyndsey Steele, its associate director. Community donations kept the nursery afloat, but “it’s still hanging on by a thread,” she said.

She’s hoping opioid settlement money can help.

In 2022, Jacob’s Hope received about $250,000 from Arizona’s opioid settlements. But this year, the legislature captured the state’s share of remaining funds and, in a controversial move, gave it to the Department of Corrections.

Jacob’s Hope has now turned to local governments, which control their own settlement dollars. Its home city of Mesa said a first round of grant applications should open in the spring.

Steele prays it won’t be too late for babies in need — the epidemic’s “forgotten victims,” she called them.

Heart Disease Screening, Robot Ambulances, and More

Some opioid settlement expenditures have sparked fierce disagreement. They generally fall into three buckets: money for law enforcement, funding for youth prevention programs, and purchases unrelated to the opioid crisis.

Settlement dollars nationwide have bought body scanners, K-9 units, bulletproof vests, patrol trucks, and laptops and printers for police and sheriffs.

Some spending strayed even further from the spirit of the settlement. In Oregon City, Oregon, more than $30,000 was spent on screening first responders for heart disease. Police Chief Shaun Davis said his staff respond to opioid-related emergencies and experience trauma that increases their risk of heart attack.

But some people question if settlement funds should be footing the bill.

“This looks to me like you’re trying to defray other costs” from the police budget, said Stephen Loyd, chair of Tennessee’s Opioid Abatement Council. “I don’t think that there’s any way that this opioid money was earmarked for stuff like that.”

A second area of contention is youth prevention.

Although most people agree that stopping children from developing addictions is important, the execution is tricky.

Nearly half a million settlement dollars have gone to the Drug Abuse Resistance Education program, commonly known as D.A.R.E. Decades of research suggest its original curriculum is ineffective.

Robeson County, North Carolina, spent about $10,000 in settlement money to buy “Andy the Ambulance,” a robot ambulance with big eyes and an audio system through which a human operator can discuss the dangers of drugs. EMS Director Patrick Cummings said his team has taken the robot to churches and elementary schools.

We “don’t have any studies that show it’s working,” he said, but educating kids seems like a good investment because “if they never try it, they don’t get addicted.”

Then there’s the chunk of money — up to 15% of each state’s funds — that’s a free-for-all.

Flint, Michigan, spent nearly $10,000 on a sign for a community service center. The city reported that the expense did not qualify as “opioid remediation.” In other words, it’s unrelated to addressing the crisis.

But Caitie O’Neill, a city spokesperson, said that “the building sign makes it possible for residents to find” the center, which houses city services, “including Narcan kits, fentanyl testing strips, and substance abuse referrals.”

Jurisdictions across 29 states reported non-remediation spending in 2022 and 2023. Most opioid settlements require such reports but operate on an honor system. No one is checking if the other 21 states and Washington, D.C., were truthful.

Jackie Lewis, an Ohio mother whose 34-year-old son, Shaun, died of an overdose in October 2022, finds that hard to stomach.

“This is blood money,” she said. Some people have “lost sight of that.”

Lewis is raising Shaun’s daughter, ensuring the 9-year-old receives counseling at school and can attend the hip-hop music classes she enjoys — all on Lewis’ Social Security payments. This year they moved to a smaller town with lower costs.

As settlement funds continue flowing, she wants officials in charge of the money to help families like hers.

“We still exist and we’re still struggling,” she said.

KFF Health News’ Henry Larweh and Megan Kalata, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’s Sara Whaley and Vivian Flanagan, and Shatterproof’s Kristen Pendergrass and Sahvanah Prescott contributed to this article.

The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health has taken a leading role in providing guidance to state and local governments on the use of opioid settlement funds. Faculty from the school collaborated with other experts in the field to create principles for using the money, which have been endorsed by over 60 organizations.

Shatterproof is a national nonprofit that addresses substance use disorder through distinct initiatives, including advocating for state and federal policies, ending addiction stigma, and educating communities about the treatment system.

Shatterproof is partnering with some states on projects funded by opioid settlements. KFF Health News, the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, and the Shatterproof team who worked on this report are not involved in those efforts.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1954845
Helicopters Rescued Patients in ‘Apocalyptic’ Flood. Other Hospitals Are at Risk, Too. https://kffhealthnews.org/news/article/unicoi-hospital-helicopter-rescue-flood-risk-hurricane-helene/ Mon, 16 Dec 2024 10:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1957516 ERWIN, Tenn. — April Boyd texted her husband before she boarded the helicopter.

“So, I don’t want to be dramatic,” she wrote on Sept. 27, “but we are gonna fly and rescue patients from the rooftop of Unicoi hospital.”

Earlier that day, Hurricane Helene roared into the Southern Appalachian Mountains after moving north through Florida and Georgia. The storm prompted a deadly flash flood that tore through Unicoi County in eastern Tennessee, trapping dozens of people on the rooftop of the county hospital.

The fast-moving floodwaters had made earlier rescue attempts by ambulance and boat impossible. Trees, trailers, buildings, caskets, and cars swept past the hospital in murky, brown rapids that overwhelmed the one-story structure with 12 feet of water on all sides.

No one knew how long the hospital’s frame would hold or if the rising water would breach the top of the 20-foot-tall building. Little more than a mile downstream, six people at a plastics plant in Erwin’s industrial park died in the flood.

“I do not feel good about this,” Boyd, a flight nurse for Ballad Health, texted her husband at 1:41 p.m., just before takeoff.

She wrote that she loved him. “If anything goes wrong,” she wanted him to tell her daughters “how much I love them,” too.

Her fears were well-founded.

In 2018, Unicoi County Hospital relocated from higher ground in the heart of Erwin to the southern edge of town, between Interstate 26 and the Nolichucky River. The new hospital was built in a known flood plain, but the facility wasn’t designed to accommodate helicopter landings on its roof. Boyd and her team weren’t sure the roof could bear the weight of their 7,200-pound Eurocopter in good weather, let alone during a flash flood.

“I had a horrible feeling about it,” she said.

By many accounts, the evacuation of 70 people, including 11 patients, by helicopter that day was a stunning success. The hospital was destroyed, but no one died. No one was even physically injured by the ordeal.

Yet, earth scientists, emergency management officials, and others who spoke to KFF Health News describe the narrow escape from Unicoi County Hospital as a cautionary tale. As climate change forces health care leaders and public officials to prepare for severe storms in landlocked parts of the country — where residents haven’t historically paid much attention to hurricane warnings — they must be strategic about both the infrastructure design and the locations selected for new projects, like hospitals.

The Biden administration finalized a rule this year designed to make the construction of such projects that receive funding from the Federal Emergency Management Agency more resilient to flooding. But a review by KFF Health News identified about 20 other Tennessee hospitals already built in, or near, flood plains.

Patrick Sheehan, director of the Tennessee Emergency Management Agency, said past weather patterns can lull people into a false sense of security. But, he added, “past is not always prologue. We’re going to experience novel, new ways of having disasters.”

Historically, the Southern Appalachian Mountains have been the place “where hurricanes go to die,” said Ryan Thigpen, an earth and environmental sciences professor at the University of Kentucky whose research focuses on flooding in the region. But as the Gulf of Mexico becomes warmer and storms, like Helene, that move northward into the mountains carry more moisture, weather events will become more severe.

“It’s apocalyptic,” said Thigpen, of the damage in Erwin. “The next storm may come before they are finished recovering from this. And that’s kind of scary.”

Hospitals in Flood Plains

All week, Michelle Matson had been worried about Unicoi County Hospital in the oncoming storm.

As a district coordinator for the Tennessee Emergency Management Agency, Matson works with local officials to plan for worst-case scenarios.

Leading up to Hurricane Helene, she’d been in regular communication with the county’s emergency management director. The hospital’s vulnerability next to the river kept coming up.

“That was the only place we were worried about,” Matson said.

But concern over the hospital’s location wasn’t new.

In November 2013, Unicoi County Memorial Hospital, which opened in 1953, was acquired by Mountain States Health Alliance on the condition that Mountain States would construct a hospital in Erwin to replace the old one.

Two years later, Mountain States purchased a 45-acre tract of land next to a bend in the Nolichucky River, just off Interstate 26. A hospital system press release at the time explained that due diligence had been conducted to ensure, among other things, that the hospital building would not be in a flood plain. It also presented the location as desirable because it was near the interstate and the landscape would provide “a healing environment by taking advantage of the natural beauty of Unicoi County, with the river running along the east side of the property.”

Dating back decades, though, flood maps published by FEMA put the entire property in a flood plain. The building itself was in a 500-year flood plain (meaning a 0.2% chance of flooding in any given year), while the only road on and off the property was in a 100-year flood plain (meaning a 1% annual risk).

But it wasn’t only FEMA maps that forecast this possibility. In 2001, a report published by Unicoi County marked this land as being in a “flood hazard” area. The report warned of “considerable pressure” to develop flood hazard areas across the county “due to population increase and the need for vacant land.”

The same report acknowledged a history of destructive flooding in the county and the risks it faced being situated along “three major streams,” including the Nolichucky River, which flows northward out of the Blue Ridge Mountains of western North Carolina straight through Erwin.

“If you start looking at the river’s history, there are a number of these notable flood events, and quite a few in the 20th century. They just did not reach this magnitude,” said Philip Prince, a geologist with Appalachian Landslide Consultants. His YouTube videos about mountain flooding during Helene have been viewed hundreds of thousands of times. “People should have been expecting more than they did. But again, we have not seen anything like this.”

Matthew Rice, a former Unicoi County commissioner, served as chair of the Hospital Visioning Committee for the new hospital in 2015. He said some committee members raised questions during the planning process about the location, but he conceded there weren’t many large, flat places to build a hospital in Erwin.

Amid a wave of rural hospital closures across the United States, Erwin residents celebrated when the new hospital opened in 2018. One lawmaker told the Johnson City Press it was “the most modern facility on the planet.”

Alan Levine was CEO of Mountain States Health Alliance during that time and later became the head of Ballad Health, when Mountain States merged with a competing hospital system in 2018 to form the largest state-sanctioned hospital monopoly in the country.

Levine said Mountain States was aware the property carried flood risk but noted that the hospital system added levees to protect the building from river flooding at the recommendation of outside consultants. One levee already existed along the river’s edge. And the hospital itself was deliberately constructed on a high point of the land, at the same elevation as the interstate, Levine said.

“I feel like everything we did when we built it was done the right way,” said Levine, a former health care leader in Louisiana and Florida.

Even so, Matson, who lives in Kingsport, about 45 minutes northwest of Erwin, said some residents were quietly critical of the new hospital’s location.

“We all thought that it was a stupid idea to build a hospital in a flood plain. It’s like, who does that?” Matson said. She said her opinion doesn’t represent an official position of the Tennessee Emergency Management Agency.

But Unicoi isn’t the only Tennessee hospital built in a flood plain. Eight others across the state were built in moderate- or high-risk flood zones, and a dozen other hospitals are situated just outside them, KFF Health News found.

The hospitals at risk span the length of the state, from Memphis on the western edge to Knoxville in the east, and include big-city general hospitals, smaller rural hospitals, and behavioral health facilities.

Some of the hospitals are decades old. Parkridge East Hospital in Chattanooga, for example, was built in the 1970s inside a high-risk flood zone. Others are more recent — like Creekside Behavioral Health in Kingsport. That building, which opened in 2018, straddles high- and moderate-risk flood zones.

Then there are facilities like Pinewood Springs in Columbia. The 60-bed mental health facility, which opened in 2020, is in a low-risk area, but the main road leading in and out of the hospital lies in a high-risk flood area.

To identify these hospitals, KFF Health News looked for licensed facilities in or near areas that, according to FEMA, have either a high flood risk (with a 1-in-100 chance of flooding in any given year) or moderate risk (a 1-in-500 chance in any given year).

But FEMA’s maps likely underestimate the true flood risk, researchers and government watchdogs agree, because they’re largely outdated and don’t account for current or future conditions, including more frequent and more intense storms and flooding associated with climate change.

Those maps are updated on an ongoing but slow and piecemeal basis. Meanwhile, the federal regulation finalized this year to expand areas considered at risk for current and future flooding also sets more stringent building standards for critical infrastructure projects located in 100-year flood plains and funded by federal taxpayers.

The rule became effective on Sept. 9, less than three weeks before Hurricane Helene ravaged the Southern Appalachians, but it is unclear whether the incoming Trump administration will preserve it.

After he took office in 2017, President Donald Trump revoked federal flood protection standards set up under the Obama administration. Karoline Leavitt, a spokesperson for the incoming Trump administration, did not respond to emailed questions for this article.

An ‘Antiquated and Broken’ System

On Sept. 24, three days before the hospital evacuation, the National Hurricane Center issued the first of several warnings predicting significant river flooding and landslides in the Southern Appalachians. Two days before the flood in Erwin, a satellite office of the National Weather Service in Morristown, Tennessee, predicted “life-threatening flash flooding” near the Tennessee-North Carolina state line.

The warnings kept coming. The National Weather Service in upstate South Carolina forecast on Sept. 26, a Thursday, that Helene would amount to one of the region’s most significant weather events “in the modern era.”

“I don’t think people knew what that meant,” said Prince, the geologist. “We just didn’t have a precedent.”

Ballad Health didn’t anticipate that Unicoi would flood during the storm, Levine said, even though a hazard vulnerability assessment conducted annually for the hospital identifies external flooding as the second-highest risk facing Unicoi County Hospital, behind only a civil disturbance. The same 2024 assessment rated the hospital’s preparedness for a flood as a “3” or “low,” the worst possible score.

But a document outlining the hospital’s emergency alert procedures makes no mention of flood risk. If anything, hospital leaders said they were anticipating a surge of patients during Hurricane Helene if Erwin and the surrounding area experienced widespread power outages.

“There was no conversation I had with anybody, anywhere about the risk of flooding before Friday morning,” Levine said.

The day before, Jennifer Harrah, the hospital’s administrator, had called a meeting to discuss the storm. Sean Ochsenbein, an emergency medicine physician and the hospital’s chief medical officer, recalled that the group gathered “just to kind of circle the wagons, make sure everybody was on the same page.”

Later that day, Harrah spoke to Unicoi County’s emergency management director. But “let me be very clear,” Ochsenbein said. “Nobody gave us — as Ballad or our hospital — any kind of indication that we would have floodwaters.”

And yet little more than 24 hours after their planning meeting, both Harrah and Ochsenbein were stranded on the hospital roof, literally praying to God for their rescue.

“I called my husband, and I called my sons,” Harrah said. “I told them that I loved them.”

One reason the impact of the storm seemed to catch people off guard was a disconnect between the strong warnings issued by the federal agencies and the low expectations that many people in the region, including Ballad Health leaders, had of the potential flood risk.

It was sunny outside when people were evacuated from the hospital roof, Thigpen pointed out. It had rained about 5 inches in Erwin over several days, but that was nothing compared with places in the North Carolina mountains that received more than 20 inches over the same period. Rainfall at those higher altitudes eventually drained into the rivers and streams that ultimately destroyed places like Erwin.

But residents in Unicoi County had no clue what was coming their way, Thigpen said, because there weren’t river gauges upstream to sound alarms about dangerous water levels.

“I think that our warning systems are antiquated and broken,” he said. “These people in Erwin have seen floods — and a lot of big floods — and it’s never been anywhere close to this.”

Tennessee state climatologist Andrew Joyner is one of several experts now calling for more river gauges to monitor water levels and a network of weather stations in every county designed to collect live precipitation data.

Thirty-eight states already operate similar systems, he said, estimating that setting up and staffing weather stations across Tennessee would cost less than $4 million in the first year.

But the state has failed to act before. Following a catastrophic flood in Waverly, Tennessee, that killed 20 people and destroyed hundreds of homes and businesses in 2021, the Tennessee General Assembly denied a $200 million request to relocate 14 public schools across the state that had been deemed vulnerable to future flooding.

‘Might Not Make It Back’

On the morning of the flood, Matson had stood with the county’s emergency management director behind Unicoi County Hospital and watched the rising river. “We both had this, like, sick feeling in our stomach that said we’ve got to evacuate,” she remembered. “I said to him, worse comes to worst, we evacuate, nothing happens. Just blame it on me.”

They made the call to start moving patients out of the hospital just before 9:45 a.m. Less than 30 minutes later, the river had breached its banks, cutting a new channel in front of the hospital and eliminating access to the only road on or off the property.

When an ambulance evacuation became untenable, the Tennessee Emergency Management Agency called in swift-water teams, specially designed to rescue people in turbulent waters. But the flash flood had become so violent and the river was so full of debris that the boats couldn’t safely carry patients away. Meanwhile, dangerous wind conditions prevented helicopters located to the east or west from immediately flying that morning to rescue everyone by air.

“To be honest, I really thought we may not make it back” from the rescue mission, Boyd, the flight nurse, said.

When the wind started to die down that afternoon, Virginia State Police deployed two helicopters to rescue patients. Eventually, three Black Hawk helicopters from the Tennessee National Guard assisted in the effort. Pilots were required to make multiple round trips between the hospital and the local high school to evacuate four or five people at a time who had been stranded by the flood. Some patients stranded in boats near the hospital were hoisted into helicopters, while those who were stranded on the roof were either carried onto the aircraft or climbed aboard while the helicopters lightly touched down on their skids.

As the afternoon wore on and the evacuation was nearing its completion, pilot Jeff Bush with the Virginia State Police said he learned that the hospital building was weakening. They weren’t sure how much longer it would hold.

“It was intense,” he said. “The fact that the building is still standing is, I think, kind of amazing.”

Ballad Health evacuated two other hospitals and one nursing home by ambulance within 24 hours of the flood in Erwin, but none of those sustained damage. Meanwhile, what’s left of Unicoi County Hospital stands next to the Nolichucky in a field of mud and displaced river rocks.

For now, Ballad Health has opened a temporary urgent care center and plans to establish an emergency department at the site of the former Unicoi County Memorial Hospital in downtown Erwin.

Levine said Ballad Health will eventually rebuild a full-service hospital, but he estimated the project would cost $50 million, roughly twice as much as it did in 2018. It remains unclear where it would be built.

Probably not in a flood plain, Levine said. “I would avoid it if I could.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1957516
With Trump on the Way, Advocates Look to States To Pick Up Medical Debt Fight https://kffhealthnews.org/news/article/medical-bills-debt-trump-states-consumer-credit-reports-cfpb/ Tue, 03 Dec 2024 10:00:00 +0000 https://kffhealthnews.org/?post_type=article&p=1950026 Worried that President-elect Donald Trump will curtail federal efforts to take on the nation’s medical debt problem, patient and consumer advocates are looking to states to help people who can’t afford their medical bills or pay down their debts.

“The election simply shifts our focus,” said Eva Stahl, who oversees public policy at Undue Medical Debt, a nonprofit that has worked closely with the Biden administration and state leaders on medical debt. “States are going to be the epicenter of policy change to mitigate the harms of medical debt.”

New state initiatives may not be enough to protect Americans from medical debt if the incoming Trump administration and congressional Republicans move forward with plans to scale back federal aid that has helped millions gain health insurance or reduce the cost of their plans in recent years.

Comprehensive health coverage that limits patients’ out-of-pocket costs remains the best defense against medical debt.

But in the face of federal retrenchment, advocates are eyeing new initiatives in state legislatures to keep medical bills off people’s credit reports, a consumer protection that can boost credit scores and make it easier to buy a car, rent an apartment, or even get a job.

Several states are looking to strengthen oversight of medical credit cards and other financial products that can leave patients paying high interest rates on top of their medical debt.

Some states are also exploring new ways to compel hospitals to bolster financial aid programs to help their patients avoid sinking into debt.

“There’s an enormous amount that states can do,” said Elisabeth Benjamin, who leads health care initiatives at the nonprofit Community Service Society of New York. “Look at what’s happened here.”

New York state has enacted several laws in recent years to rein in hospital debt collections and to expand financial aid for patients, often with support from both Democrats and Republicans in the legislature. “It doesn’t matter the party. No one likes medical debt,” Benjamin said.

Other states that have enacted protections in recent years include Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, and Washington. Many measures picked up bipartisan support.

President Joe Biden’s administration has proved to be an ally in state efforts to control health care debt. Such debt burdens 100 million people in the United States, a KFF Health News investigation found.

Led by Biden appointee Rohit Chopra, the Consumer Financial Protection Bureau has made medical debt a priority, going after aggressive collectors and exposing problematic practices across the medical debt industry. Earlier this year, the agency proposed landmark regulations to remove medical bills from consumer credit scores.

The White House also championed legislation to boost access to government-subsidized health insurance and to cap out-of-pocket drug costs for seniors, both key bulwarks against medical debt.

Trump hasn’t indicated whether his administration will move ahead with the CFPB credit reporting rule, which was slated to be finalized early next year. Congressional Republicans, who will control the House and Senate next year, have blasted the proposal as regulatory overreach that will compromise the value of credit reports.

And Elon Musk, the billionaire whom Trump has tapped to lead his initiative to shrink government, last week called for the elimination of the watchdog agency. “Delete CFPB,” Musk posted on X.

If the CFPB withdraws the proposed regulation, states could enact their own rules, following the lead of Colorado, New York, and other states that have passed credit reporting bans since 2023. Advocates in Massachusetts are pushing the legislature there to take up a ban when it reconvenes in January.

“There are a lot of different levers that states have to take on medical debt,” said April Kuehnhoff, a senior attorney at the National Consumer Law Center, which has helped lead national efforts to expand debt protections for patients.

Kuehnhoff said she expects more states to crack down on medical credit card providers and other companies that lend money to patients to pay off medical bills, sometimes at double-digit interest rates.

Under the Biden administration, the CFPB has been investigating patient financing companies amid warnings that many people may not understand that signing up for a medical credit card such as CareCredit or enrolling in a payment plan through a financial services company can pile on more debt.

If the CFPB efforts stall under Trump, states could follow the lead of California, New York, and Illinois, which have all tightened rules governing patient lending in recent years.

Consumer advocates say states are also likely to continue expanding efforts to get hospitals to provide more financial assistance to reduce or eliminate bills for low- and middle-income patients, a key protection that can keep people from slipping into debt.

Hospitals historically have not made this aid readily available, prompting states such as California, Colorado, and Washington to set stronger standards to ensure more patients get help with bills they can’t afford. This year, North Carolina also won approval from the Biden administration to withhold federal funding from hospitals in the state unless they agreed to expand financial assistance.

In Georgia, where state government is entirely in Republican control, officials have been discussing new measures to get hospitals to provide more assistance to patients.

“When we talk about hospitals putting profits over patients, we get lots of nodding in the legislature from Democrats and Republicans,” said Liz Coyle, executive director of Georgia Watch, a consumer advocacy nonprofit.

Many advocates caution, however, that state efforts to bolster patient protections will be critically undermined if the Trump administration cuts federal funding for health insurance programs such as Medicaid and the insurance marketplaces established through the Affordable Care Act.

Trump and congressional Republicans have signaled their intent to roll back federal subsidies passed under Biden that make health plans purchased on ACA marketplaces more affordable. That could hike annual premiums by hundreds or even thousands of dollars for many enrollees, according to estimates by the Center on Budget and Policy Priorities, a think tank.

And during Trump’s first term, he backed efforts in Republican-led states to restrict enrollment in their Medicaid safety net programs through rules that would require people to work in order to receive benefits. GOP state leaders in Idaho, Louisiana, and other states have expressed a desire to renew such efforts.

“That’s all a recipe for more medical debt,” said Stahl, of Undue Medical Debt.

Jessica Altman, who heads the Covered California insurance marketplace, warned that federal cuts will imperil initiatives in her state that have limited copays and deductibles and curtailed debt for many state residents.

“States like California that have invested in critical affordable programs for our residents will face tough decisions,” she said.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
1950026